martes, 19 de enero de 2010

La Iglesia y España

Un destacado dirigente de la Iglesia Católica española, el arzobispo de la diócesis de Granada, Javier Martínez Fernández, pronunció el primer domingo de 2010 una arenga en la catedral de esa ciudad, en la que aseguró que los crímenes nazis bajo el régimen de Hitler no eran tan “repugnantes” como los que permite cometer la reforma de la ley del aborto. Acto seguido, Martínez dijo que la mujer que aborta “mata a un niño indefenso” y, por tanto, “da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar de su cuerpo". Esto es, como la ley no encarcela a las mujeres que ejercen su derecho a interrumpir en sus inicios un embarazo no deseado, se da “licencia absoluta” para violarlas.
Para que no pasase como una mala interpretación, con posterioridad, la oficina de información de los Obispos del Sur de España de la Iglesia Católica, explicó -por escrito- que esta frase de Martínez apunta “al abuso que la mujer comete primero con su cuerpo y con su hijo”, y que la “deslegitima” para negarse a que el hombre abuse de ella “como si fuera un objeto”. Y para que los más tontos lo entiendan del todo, añadió: “El arzobispo se refería a que si la madre es capaz de matar a su propio hijo, el varón tiene entonces autoridad absoluta para hacer lo que quiera con ella y con su cuerpo”. Ole.
Justificar la violación es un delito... a no ser que la violación sea un castigo divino (como los abusos sexuales a menores)
Decía el filósofo Aranguren, reconocido creyente, que la vanguardia religiosa viene a coincidir con la retaguardia cultural. La afirmación se queda corta si escuchamos las declaraciones de los máximos responsables de la Iglesia Católica: El arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, escribía que “la madre que dedica toda su persona al crecimiento de sus hijos es el modelo más perfecto de sociedad”. Fernando Sebastián, ex arzobispo de San Sebastián, decía sobre la ley que regula el matrimonio de homosexuales: “Podríamos encontrarnos con una verdadera epidemia de homosexualidad, fuente de problemas psicológicos y de frustraciones” (se ve que la famita no es exclusiva de nosotros, los gaditanos, sino que si se les dejara, el resto de los españoles saldrían del gran armario hispano y venga, a sodomizar y gomorrizar como bestias); a lo que Rouco añadía “uniones de todo tipo quebrarán la Seguridad Social”. Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, afirmó hace unos meses:"¿Por qué el abusador de menores es un enfermo? Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso, si te descuidas, te provocan", (¡Ay, Bernardo! ¡Que se te ve el plumero!). La Conferencia Episcopal no se ha desmarcado de estas opiniones.
Sebastián cree, además, que «la democracia es insostenible si no está sustentada por unos principios morales iluminados por la revelación divina». Antonio Cañizares, prefecto para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, pidió a los fieles que «oren por España y su unidad» pues «negar la soberanía de España no sería prudente ni moralmente aceptable. Si España dejase de ser católica, dejaría de ser España».
Tiene razón (¿¡!?) Y es que la básica separación entre Iglesia y Estado que en Europa marcó el siglo XIX, España aún no la ha resuelto en el siglo XXI. La Transición no se atrevió, y por eso dejó a los muertos de la cruzada en las cunetas y a los capellanes en el Ejército. La propia Iglesia Católica, en el concordato que dejó bien atado el posfranquismo, se comprometía a autofinanciarse en el futuro, sin cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La promesa de Roma fue en vano y hoy, tres décadas después, el dinero público a modo de cepillo no sólo no disminuye sino que aumenta. La asignatura está pendiente y parece que lo estará muchos años más.
Cada año, el Estado financia con más de 6.000 millones de euros las actividades educativas, sociales, sanitarias y de culto de la Iglesia católica. Sólo en centros escolares, se ceden más de 3.500 millones, más otros 600 destinados a pagar a los profesores de Religión u otros docentes en centros concertados. A ello hay que añadirle los 241 millones que la Conferencia Episcopal obtuvo de la última declaración de la Renta (el 5% del total que recibe la Iglesia del Estado), los que van a parar a las ONG católicas a través de la casilla del IRPF*, y las exenciones que, pese a lo que dice la ley, aún mantiene la institución.
En 2005, la Iglesia católica consiguió una sensible mejora de la financiación directa del Estado, a través del IRPF, al lograr un incremento hasta el 0,7%. En un año, se pasó de 150 a 210 millones. En el pasado ejercicio, la cifra ascendió a los 241 millones de euros. Y no parece que el sistema vaya a cambiar.
Tal vez sea hora de que la ciudadanía contraataque ante la avalancha oscurantista de mentiras e insultos que protagoniza la subvencionada por todos Iglesia Católica y recupere la calle y la palabra para defender las conquistas sociales que tanto esfuerzo cívico nos han exigido. Por ejemplo, publicando nuestras propias esquelas, rogando una oración por todos esos niños víctimas de pederastia eclesiástica, de la que tantos miles de casos han sido denunciados en Estados Unidos, en Irlanda, en México... o en nuestro propio país. O difundiendo las investigaciones recientemente publicadas sobre la complicidad de la Iglesia Católica española en el secuestro de miles de niños y niñas recién nacidos durante la posguerra civil, práctica criminal por la que la jerarquía eclesiástica tampoco ha pedido perdón a los españoles. O denunciando allá donde sea posible -en las calles y plazas, en los medios de comunicación, en los tribunales si procede- declaraciones monstruosas y denigrantes como las del obispo de Granada o el obispo de San Sebastián (despreciando y manipulando políticamente el sufrimiento del pueblo haitiano), entre otras.
Una de las más importantes conquistas democráticas del mundo contemporáneo es la separación entre religión y política. No es que no tengan nada que ver, pero las relaciones políticas, sociales, cívicas, no pueden ser orientadas por las opciones religiosas. Los Estados democráticos son Estados laicos. Todos debemos ser iguales ante las leyes, sin influencia de nuestras opciones individuales, religiosas, sexuales, de diferencias étnicas, etc. Somos diversos en nuestras opciones de vida, pero debemos ser iguales en nuestros derechos como ciudadanos. Los Estados religiosos – sean islámicos, sionistas o católicos – hacen de las diferencias religiosas elementos de discriminación política. Un Estado democrático es un Estado laico que no establece diferencias en los derechos por las opciones privadas de las personas, al contrario, garantiza esos derechos**. Por razones de su religión, las personas pueden optar por no abortar, por no divorciarse, por tener relaciones sexuales sólo para la reproducción, por no casarse con personas del mismo sexo. Son opciones individuales, que deben ser respetadas, por más que las consideremos equivocadas y se las combata en la lucha de ideas. Pero ninguna religión puede querer imponer sus concepciones a los otros.


* Lo de la casilla del IRPF es un modelo copiado del alemán pero modificado. En Alemania las personas religiosas cuentan con una casilla en la declaración de la renta para destinar parte de sus impuestos a la Iglesia. Pero, a diferencia de España, esa cruz supone pagar más dinero. Y cuando vas a casarte, el cura te pide la declaración. Aquí los católicos pueden quedar bien con la divinidad en el IRPF sin que eso le suponga nada en su bolsillo.


** La educación pública debe ser laica, respetando las diferencias étnicas, religiosas, sexuales, de los otros. Los que quieren tener educación religiosa pueden tenerla en las escuelas religiosas, conforme a su credo. Los recursos públicos deben ser destinados a las escuelas públicas de la misma forma que la salud pública tiene que atender a todos, conforme sus opciones individuales, sin perjudicar el derechos de los otros.